La mayor expectativa de vida de las personas y el consiguiente envejecimiento de la población mundial está originando profundos cambios sustanciales en las sociedades y economías de todo el mundo. Es un hecho que la esperanza de vida desde el año 1950 ha aumentado en más de 25 años.
Como consecuencia de ello, muchos Estados tienen que acometen reformas que garanticen un sistema de pensiones que sea sostenible en el futuro.
En el caso de Chile se espera que en 2060 la población mayor de 65 años sea equivalente al 55% de las personas en edad de trabajar. En España, en el año 1960 el porcentaje de personas con más de 65 años representaba el 8,2% sobre el total de la población, actualmente dicho porcentaje ha alcanzado el 23 %. Y en la Unión Europea, la cuota de ciudadanos de 80 años o más, era de casi el 6% en 2020, mientras que en 2001 apenas superaba el 3,4%, un aumento de casi el doble.
Estudios recientes indican que para el citado año, 2060, las personas pensionadas vivirán en promedio 23 años más desde su jubilación, lo que conducirá, irremediablemente, a una reducción de la percepción por la pensión.
Se están barajando diversas soluciones para paliar las citadas consecuencias de la mayor longevidad y, a la vez, sostener un sistema justo de pensiones que compense la trayectoria laboral durante muchas décadas de los trabajadores.
Una de las fórmulas que se barajan es que las personas ahorren más a nivel individual que complemente su futura pensión; para lo cual, no estaría de más que los gobiernos doten tal acción de algunos beneficios tributarios. Otros Estados se vuelcan en realizar planes de empleo digno y generalizado para que existan muchos cotizantes.
Hay otra medida, es que los gobiernos, de forma consensuada, aumenten los impuestos destinados al pago de las pensiones, aunque en muchos países de la OCDE ya son altos, por lo que no se estima que esta sea la solución.
En otros países, se está aplicando una elevación de la edad de jubilación con el fin de limitar la brecha de financiación, apostando por favorecer los incentivos fiscales para los mayores que continúen en el servicio activo. La edad de jubilación en muchos países está aumentando, por ejemplo: Bolivia, 60 años, Francia 64, España 67, Argentina, Brasil, Bélgica: 65).
La actual inflación que padece la economía mundial derivada de la post-pandemia y de la guerra de Ucrania no favorece la actualidad de las pensiones, buscando muchos países diversos índices de actualidad que se alejen del IPC.
El Notariado está constituido a nivel mundial por más de dos millones doscientos mil profesionales –notarios y trabajadores– que están realizando una labor jurídica muy notable, garantizando la seguridad jurídica necesaria para establecer las relaciones privadas y comerciales. Por ello, todos merecen ser recompensados cuando alcancen la edad de jubilación con una pensión adecuada que les permita vivir sus últimos años dignamente.
El trabajo en el sector notarial es muy estresante y, aunque no es un trabajo estrictamente físico, si genera un alto nivel de fatiga, cansancio y estrés, que está provocando que, en muchos países, experimentados empleados soliciten la jubilación para llevar una vida más tranquila, lo que supone, sin lugar a dudas, una pérdida para la institución notarial.
No basta únicamente con hacer manifestaciones. Es evidente que estamos ante un problema difícil y complejo, ante un problema de Estado. Hay que huir de las medidas ideológicas y apresuradas.
Sin duda, deben buscarse grandes consensos que perduren en el tiempo, con el fin de asegurar las pensiones de los actuales jubilados y de los actuales trabajadores.
